Tranquilidad y seriedad

El Derecho penal es la rama del Derecho Público que regula la potestad punitiva del Estado, estableciendo y regulando el castigo de conductas delictivas a través de la imposición de penas, como puede ser la pena de prisión, la pena de multa o penas privativas de derechos. Las conductas tipificadas como delictivas se encuentran reguladas en el Código Penal, en el que se establece igualmente la pena determinada para cada delito.

Podemos definir el delito como una conducta, recogida en la legislación penal asociada a una sanción penal, que lesiona o pone en peligro un bien jurídico y atenta gravemente contra las concepciones ético- sociales, jurídicas, políticas y económicas esenciales de una sociedad. El derecho penal determina como delictivas las conductas que suponen una grave vulneración de las concepciones ético-sociales en un momento determinado de la historia de una sociedad. El ordenamiento jurídico penal prevé una respuesta al incumplimiento de las normas, determinando que la comisión de un delito conlleva unas consecuencias que se materializan a través de penas y medidas de seguridad y de reinserción social.

El Derecho procesal penal se compone de un conjunto de normas jurídicas que regulan aquellos procedimientos que tengan carácter penal. Esas normas se recogen en la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La función del Derecho procesal penal es hacer efectivo el Derecho penal: se investigan unos hechos que aparentemente pudieran ser delictivos (y que por ello, encajarían en alguno de los delitos descritos en el Código Penal), identificar a los autores y sancionarles. De esta manera se persiguen dos finalidades: dar respuesta a la delincuencia y también dar respuesta a las víctimas. Existen distintos derechos propios del proceso penal: los más importantes son el derecho a acusar, el derecho a defenderse y el derecho a penar.

Es la última fase del cumplimiento de la condena, que se llama también “cuarto grado”. Esta fase permite al condenado cumplir lo que le queda de pena en libertad, siempre y cuando no cometa ningún delito y además cumpla todos aquellos requisitos adicionales de conducta que se le puedan imponer. No obstante, el cumplimiento de dichos requisitos no da lugar a una concesión automática de la libertad condicional, porque es necesaria una valoración por la Junta de Tratamiento.

Cuando a alguien le consta, en su expediente personal, algún antecedente penal, esto tiene consecuencias no sólo en el ámbito penal sino también en el ámbito laboral. Cuando se aprueba cualquier oposición o se pretende trabajar en el ámbito de la Administración, cualquiera que sea ésta: autonómica, estatal o local, el primer documento oficial que se solicita es la hoja de antecedentes penales. En la esfera penal las consecuencias pueden ser de diversa índole y afectar al sujeto que tiene antecedentes penales tanto en la fase de instrucción como en la de enjuiciamiento.

Si fuiste denunciado penalmente o tenes dudas si pesa alguna causa en tu contra, necesitás comunicarte con un abogado penalista e informarte realmente cual es tu situacion juridica. Recorda que una simple denuncia te puede llevar a la carcel, por eso es mejor asesorarse con un especialista en el derecho penal, el cual lo guiara en todo proceso para defender sus derechos.